jueves, 11 de agosto de 2011

La criminalización de la transmisión del VIH frena los esfuerzos de prevención


Más de 50 organizaciones civiles denuncian que la criminalización de la transmisión del VIH es contraproducente para la respuesta global a la epidemia y atenta contra los derechos humanos.


El Tribunal Superior de Justicia ha condenado a dos años de prisión y a pagar una indemnización de 50.000 euros a un hombre de Madrid por transmitir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) a su pareja y a la hija de ambos. Ante esta sentencia, el Observatorio de Derechos Humanos de REDVIH y más de 50 organizaciones de todo el Estado español se pronuncian con un documento de consenso en el que consideran que la criminalización de la transmisión del VIH es contraproducente para la respuesta global a la epidemia y atenta contra los derechos humanos.

El documento redactado a principios de este año considera que “el clima de miedo que propicia la criminalización de la transmisión del VIH corre el riego de frenar los esfuerzos de prevención. Por un lado, puede disuadir de hacerse la prueba y conocer el estado serológico, e incluso generar desconfianza hacia los servicios de salud. Por otro lado, al cargar la responsabilidad sobre la persona que vive con VIH existe la posibilidad de crear una falsa percepción de seguridad, olvidando que la salud sexual es una responsabilidad compartida. Además, la persecución legal de la transmisión fortalece el estereotipo que la personas con VIH son peligrosas, fenómeno a menudo multiplicado por la cobertura de los medios de comunicación”.

Héctor Fortuny, representante del Observatorio de REDVIH, expresa que “excepto en los casos de personas que tengan la intención de hacer daño, la criminalización de la transmisión del VIH no ayuda a frenar la epidemia y en cambio empeora la situación actual”.

La única forma de asegurar el empoderamiento de las personas para tomar decisiones saludables y responsables es garantizar los derechos humanos. Cuando los niveles de estigma y discriminación son bajos en una sociedad, las condiciones son más favorables para que las personas se sienten capacitadas a realizarse la prueba, a aplicar medidas preventivas y a optar libremente a revelar el estado serológico.

Para ello, las Organizaciones adheridas al documento de consenso están de acuerdo en exigir a nuestros gobiernos que, contando con la comunidad, trabajen para proteger los derechos, modificar actitudes de prejuicio y atender a las necesidades de los grupos más afectados (trabajadores/as del sexo, población migrante, mujeres, hombres que tienen sexo con hombres, personas privadas de libertad, jóvenes) facilitando el acceso a métodos preventivos, de reducción de daños, a la prueba y a cuidados, todos ellos de probada eficacia. Así mismo, debemos apelar a la responsabilidad de los medios de comunicación y a la educación desde todos los ámbitos (incluida la escuela) para promover los derechos humanos.

La penalización de la transmisión del VIH no está justificada excepto en casos muy poco habituales en los que hay intencionalidad de dañar y sobre los cuales las leyes genéricas ya actúan. En el Estado español no existe ninguna ley específica que persiga la transmisión, sin embargo a nivel global las sentencias son selectivas y arbitrarias y afectan desproporcionadamente a las personas en mayor situación de vulnerabilidad, por cuestión de género, orientación sexual, procedencia o ingresos.